La oficina para la defensa de los derechos lingüísticos inicia su actividad

La Dirección General de Política Lingüística ya ha puesto en marcha la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos en las Islas Baleares. La Oficina tendrá diversas funciones. Por un lado, tramitará reclamaciones sobre la vulneración de derechos lingüísticos y recogerá sugerencias sobre la tutela de estos derechos. También atenderá consultas sobre derechos lingüísticos y la normativa que los ampara, y divulgará información sobre la materia. Hará un papel de mediadora en los casos de vulneración de los derechos, a partir de la colaboración, el asesoramiento y el ofrecimiento de recursos. Aunque no tiene capacidad sancionadora, podrá proponer medidas normativas cuando se considere necesario para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Baleares.

Se trata de un nuevo instrumento al servicio de los ciudadanos, que actuará, con diferentes grados de capacidad de intervención, en el ámbito de las administraciones públicas -en el marco de la mejora continua de los servicios públicos- y también en el ámbito de las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada. Ya existen organismos similares en otros lugares, como la Oficina de Garantías Lingüísticas de la Generalidad de Cataluña, el Elebide, del País Vasco, o la Oficina de Derechos Lingüísticos del País Valenciano. Todos estos organismos basan su actuación en la información sobre derechos lingüísticos, la mediación y el arbitraje. En este línea destaca, asimismo, la experiencia positiva de la Oficina de la Lengua Francesa de Canadá.

Según explicó la directora general de Política Lingüística, Beatriz Defior, “el objetivo es que los ciudadanos se sientan acompañados, que perciban que el Gobierno los apoya”. Defior ha señalado que “la protección de los derechos lingüísticos desde la Administración no comienza ni termina con la Oficina”, y ha recordado que, sólo en el año 2020, la Dirección General ha dado una cincuentena de casos de discriminación lingüística, y que también ha actuado de oficio.

La Oficina velará por los derechos asociados a las dos lenguas oficiales “desde la conciencia de que los derechos que es más probable que sean vulnerados son los de los que eligen utilizar el catalán”, según expresó la secretaria autonómica de Universidad, Investigación y Política lingüística, Agustina Vilaret. La representante del Gobierno ha explicado que es esta realidad “la que provoca la misma necesidad de que haya una oficina”.

Los ciudadanos se pueden dirigir al teléfono 971 17 60 97, en la dirección electrónica [email protected] o bien dirigiéndose a la calle de Alfons el Magnànim, 29, 1º piso, de Palma. Asimismo, la Oficina dispone de una página web: oficinadretslinguistics.caib.cat. El nuevo organismo nace para ayudar a garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de seguridad lingüística e inicia la actividad pública con un equipo técnico de tres personas: un director, un asesor jurídico y un auxiliar administrativo.

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